Criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores (Circular 9/2011, de 16 de noviembre de 2011, de la Fiscalía General del Estado)

Transcribimos de la circular 9/2011 de la Fiscalía General del Estado, dos apartados muy interesantes, referidos el primero a la identificación del menor en los medios de comunicación y la segunda a los efectos de la emancipación sobre la responsabilidad civil de los padres por los hechos de los hijos menores de edad.

1.- Medios de comunicación.
La prohibición de identificación en los medios contenida en el art. 35.2 LORPM (en ningún caso se permitirá que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación) sería también aplicable a los supuestos en que el imputado hubiere alcanzado ya la mayoría de edad, pues la ratio de la prohibición –que las infracciones cometidas durante la minoría de edad no obstaculicen el proceso de reinserción– seguiría concurriendo.

2.- Responsabilidad civil y emancipación
2.1.- La emancipación tácita.
Deben distinguirse los casos en los que la emancipación derive de la vida independiente del menor consentida por los padres. En esta emancipación tácita por concesión de los padres, prevista en el art. 319 CC, éstos pueden revocar el consentimiento, por lo que debe entenderse que no produce el efecto extintivo de la patria potestad. En tanto no extingue la patria potestad, no debiera tampoco eximir a los padres de responsabilidad.
Además de este fundamento, podría argumentarse que precisamente la comisión del delito generador de responsabilidad civil pone de manifiesto que el menor no estaba debidamente preparado para vivir independientemente de sus padres, debiendo éstos, como consentidores de esa emancipación de facto, responder solidariamente con el menor. Cabe afirmar que esta responsabilidad incluso podría eventualmente considerarse agravada por una especialmente intensa infracción de los deberes in vigilando e in educando si se permitió al menor vivir independientemente cuando aún no estaba preparado para ello, excluyéndose las posibilidades de moderación que brinda el art. 61.3 in fine LORPM.
Debe por tanto afirmarse con carácter previo que la emancipación tácita no supone la exclusión de la responsabilidad civil solidaria de los padres.
2.2.- La emancipación por otras causas.
Mayor complejidad generan los supuestos de emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, por concesión judicial o por matrimonio.
En principio, una interpretación sistemática lleva a la conclusión de que, tras la emancipación formal del menor de edad (arts. 314 y ss. CC), cesaría la responsabilidad de sus padres respecto de hechos cometidos con posterioridad.
También quedaría sin efecto la responsabilidad del tutor en el supuesto del menor tutelado que obtuviere el beneficio de mayor edad (art. 321 CC).
En definitiva, sin necesidad de entrar en disquisiciones sobre la obligación de guarda y su repercusión en la responsabilidad civil, la emancipación es una causa de extinción de la patria potestad, conforme a lo dispuesto en el art. 169 CC y ello debe repercutir en el régimen de responsabilidad solidaria instaurado por la LORPM en su art. 61.3, al igual que repercute en el régimen de responsabilidad de padres y tutores establecido en el art. 1903 CC.
2.3.- La emancipación en fraude de ley.
Este principio general debe, no obstante, excepcionarse en los supuestos en los que pudiera llegarse a la conclusión de que la emancipación por concesión de los padres ha sido realizada en fraude de Ley. Habría de considerarse a la emancipación en fraude de Ley (art. 6.4 CC) cuando se hubiera llevado a cabo, no con la finalidad de dotar de mayor capacidad de obrar a un menor al que por las circunstancias concurrentes puede presumírsele capacidad para regir su persona y bienes como un adulto y que dispone de medios para llevar a cabo una vida independiente (ámbito natural de la emancipación), sino precisamente como una vía de los padres para liberarse de su obligación de velar por el menor, en supuestos en los que el mismo ni tiene madurez ni medios para vivir independientemente.
Será pues un análisis casuístico, tamizado por el principio de protección a las víctimas (pro damnato) el que oriente acerca de si los padres del menor formalmente emancipado deben continuar respondiendo civilmente de los actos u omisiones ejecutadas por el mismo.
En efecto, ha de partirse de que la decisión sobre la emancipación debe respetar el principio del superior interés del menor, como exige el art. 3.1 de la Convención de Derechos del Niño , y tal principio se vería claramente conculcado cuando se emancipa a quien no tiene capacidad ni medios para vivir independiente (vid. SAP Guipúzcoa, secc. 2ª, núm. 2326/2006, de 26 de octubre).
En esta línea se rechaza la concesión de la emancipación, entre otros motivos porque «supondría una desprotección de la menor, pues no consta de qué medios dispone para llevar una vida independiente». (AAP Cáceres, secc. 2ª, núm. 27/1999, de 15 de abril ).
Cuando se alegue la emancipación por concesión de los padres a efectos de excluir la responsabilidad de los mismos, deberá indagarse (a instancias de los perjudicados, si están todos ellos personados o de oficio, en caso contrario) acerca de su corrección, básicamente a través del interrogatorio del propio menor y por medio de la información proporcionada por el informe del Equipo Técnico.
3.- Conclusión
3.1.- Los supuestos de emancipación tácita por vida independiente, prevista en el art. 319 CC, no suponen la exclusión de la responsabilidad civil solidaria de los padres.
3.2.- Tras la formal emancipación del menor de edad por matrimonio, por concesión judicial o por concesión de los padres, cesa la responsabilidad civil de sus padres o tutores respecto de hechos cometidos con posterioridad.
3.3.- No obstante, este principio general debe excepcionarse en los supuestos en los que por las propias circunstancias concurrentes, pudiera llegarse a la conclusión de que la emancipación formalmente declarada por concesión de los padres ha sido realizada en fraude de Ley.

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