Acceso por la Policía a la direcciones IP. No es necesaria la previa autorización judicial.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección 3ª, de 31 de marzo de 2011 confirma la doctrina que el Tribunal Supremo ha venido fijando en los dos últimos años, sobre el régimen jurídico de acceso por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad a las direcciones IP en el marco de una investigación penal.
Los hechos son los siguientes:
a.- Por cuanto se refiere al auto de 4/3/08, en el que el Juzgado sí requería de la empresa Microsoft diversos datos sobre tres cuentas de correo electrónico correctas -esto es, las que luego se comprobó que utilizaba el señor Rafael-, el análisis de su contenido debe comenzar por una constatación: la jurisprudencia es unánime al considerar que la averiguación de una dirección IP no requiere, en absoluto, de autorización judicial alguna. Así, las recientes SSTS de 7/10/2010 , o de 14/7/2010:
“El acceso a dicha información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla cualquier usuario. No se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público, y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma. La huella de la entrada queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario. Y, en segundo lugar, que, de acuerdo con la legalidad citada en las referidas Sentencias, se hace preciso, sin embargo, acudir a la autorización del juez instructor para desvelar la identidad de la terminal, teléfono o titular del contrato de un determinado IP, en salvaguarda del derecho a la intimidad personal o habeas data” (de la primera STS citada).
b.- Lo anterior implica que, con independencia de lo bien o mal motivada que estuviera la autorización judicial para obtener las direcciones IP empleadas por el usuario de las tres cuentas de correo (DIRECCION002 @hotmail.com, DIRECCION003 @hotmail.com y DIRECCION005 @hotmail.com, las cuales habían sido facilitadas por la denunciante Socorro y eran, en consecuencia, de lícita obtención), lo esencial es que la autorización solicitada era completamente innecesaria. Y que, en consecuencia, ningún quebrantamiento del derecho al secreto de las comunicaciones pudo derivarse de la hipotética ausencia, o escasez de motivación, del auto que ordenaba su averiguación. Sin que afecte tampoco al presente procedimiento lo que pudiera predicarse sobre la obtención de los demás datos que en el auto se solicitaban (registro de las cuentas, de creación de éstas, agenda de direcciones y contactos, etc.), pues el único de todos los datos proporcionados por Microsoft que sirvió de algo útil -pues permitió, siguiendo el rastro de la conexión telefónica, averiguar la identidad del hoy acusado- fue el de los números IP empleados en las conexiones a internet. Y la obtención de éste, reiteramos, fue perfectamente lícita, pues no requería de autorización por parte del juez instructor.

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