Sentencia sobre el uso de Messenger y responsabilidad paterna

Responsabilidad civil de los padres por el uso inadecuado por el menor  del Messenger. Infracción del deber de vigilancia. Sentencia de la Provincial de Valencia (Sección 5ª), de 14 enero de 2010.

Los hechos

El menor de edad estudiaba en un instituto donde conoció a una chica, con la que mantenía contacto a través del Messenger.

En el transcurso de una de las conversaciones el menor le propuso a la chica que conectase la cámara Web del ordenador y le enseñase “algo”.

Mientras la menor se conectaba, el menor preparó su teléfono móvil para efectuar la grabación de las imágenes que se iban a emitir, y tras grabar su voz diciendo “esto va por ti, tío que lo querías” grabó a la menor la cual se levantó la camiseta enseñando los pechos.

El menor con ánimo de vejar a la menor difundió las imágenes pasándolas desde su teléfono móvil al teléfono de otros compañeros del Instituto lo que provocó que la menor fuese objeto de continuas burlas.

Los hechos no se conocieron hasta el mes de febrero en que la madre de la menor fue alertada por una profesora de la existencia del vídeo entre alumnos del Instituto.

La condena en primera instancia.

La sentencia del Juzgado de menores condena:

a.- al menor como autor de un delito contra la integridad moral, a la medida de realización de tareas socio-educativas por tiempo de seis meses, con contenido de habilidades sociales y resolución de conflictos interpersonales.

b.- y en concepto de responsabilidad civil, el menor conjunta y solidariamente con sus padres fueron condenados a indemnizar a la menor en la cantidad de dos mil setecientos euros (2700 euros), más los intereses legales por el daño moral derivado del delito contra la integridad moral.

Los padres del menor condenado recurren la sentencia y la Audiencia Provincial dicta una interesante resolución interpretando el art. 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

¿Que dice la ley?

El artículo 61 fija las reglas generales referidas a la responsabilidad civil en el proceso de menores:

1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por si mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

Los interesantes argumentos de la sentencia de segunda instancia.

El menor condenado usaba, porque ese servicio le habían procurado sus padres, un medio aventajado de comunicación, cuyo uso indebido entraña serios riesgos, y acerca de ello basta estar al relato de hechos probados de la sentencia apelada a que el recurrente se aquieta, y lo hacía sin control alguno de sus padres, queda fuera de toda duda.

Consta pues una grave omisión por parte de los padres, y la objetiva situación de que el menor usaba un medio de potencial riesgo a su aire y sin control alguno.

Si los padres pretenden que se aminore su responsabilidad, deben probar no solo lo contrario de lo que resulta por ahora patente, sino que su intervención educativa acerca de su hijo, también en el uso de medios informáticos, fue tal que solo a imprevisibles circunstancias pudo deberse ese mal uso por parte del hijo.

No pueden los padres pedir que se prueba su negligencia educativa, sino que son ellos quienes deben acreditar que también en el presente caso actuaron con toda la diligencia que les es exigible.

Hay, por tanto, verdadera inversión de la carga de la prueba en este supuesto legal del art. 61.3 de la L.O.R.P.M., y al respecto tenemos constantemente dicho:

1.- La ley a aplicar al caso es la contenida en el art. 61 de la LORPM según el cual: Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”.

2.- Dicha responsabilidad civil de los padres y asimilados por los actos ilícitos de los hijos que se encuentran bajo su guarda, se configura como una responsabilidad en gran medida solidaria y objetiva.

3.- El fundamento de dicha responsabilidad está en la trasgresión del deber de vigilancia que a los padres y asimilados incumbe, en el desempeño de la patria potestad, y que comprende también los deberes de educación y formación integral del menor, en la tolerancia y respeto de los derechos individuales y propiedad de los demás, estimándose inadecuadas tanto las conductas de dejadez en la educación, como las actitudes de protección y de justificación a ultranza de la conducta del menor.

4.- Es no obstante posible una moderación de dicha responsabilidad civil a cargo de los padres y asimilados, tanto ad intra (en su relación con el menor) como ad extra (en relación con las víctimas del delito)

5.- La dicción legal implica la inversión en la carga probatoria para proceder a la moderación, de manera que es a los padres o asimilados que invocan la procedencia de la moderación, a quienes corresponde acreditar que han empleado las precauciones adecuadas para impedir la actuación delictiva del menor, de forma que cuando no prueben en modo alguno que obraron con la diligencia debida en su deber de vigilancia, educación y formación integral respecto de su hijo menor de edad, no procederá efectuar moderación alguna.

6.- El sistema diseñado por el legislador cumple una doble finalidad: En primer lugar amparar mejor los derechos de las víctimas al liberarles de tener que probar la culpa del responsable civil, protegiéndola también frente a la frecuente insolvencia del menor infractor, asegurándoles así la indemnización de los daños sufridos por tales víctimas; y en segundo lugar, conseguir una mayor implicación de los padres y demás responsables en el proceso de socialización de los menores, imponiéndoles las consecuencias civiles de las infracciones que éstos cometan por la trasgresión del conjunto de deberes que tienen sobre ellos

7.- La posibilidad de moderación es una facultad discrecional atribuida a jueces y Tribunales, pero ha de ser rogada, no pudiendo ejercitarse de oficio ni al alza ni a la baja, ha de basarse en la prueba practicada y ha de ser motivada expresamente en sentencia.

8.- En cuanto a los criterios para determinar el concreto porcentaje de moderación, se ha de estar al caso concreto, pero ha de tenerse en cuenta que la regla general ha de ser la no moderación o la no rebaja en absoluto, dada la dicción legal, de la que resulta la excepcionalidad de la moderación.

© Ramon Arnó y Jaume Guasch, Lleida, 2011.

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